La seguridad y defensa de Colombia enfrentan una profunda crisis financiera. La Procuraduría General de la Nación ha emitido una contundente advertencia sobre un alarmante déficit presupuestal que ya está impactando seriamente el funcionamiento básico de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. A pesar de las promesas de asignación de recursos, el panorama financiero de estas instituciones vitales sigue deteriorándose, incrementando los riesgos en diversos frentes operativos y logísticos.
En un documento revelado por Noticias RCN, con fecha del 21 de julio, las delegadas para la Función Pública y para las Fuerzas Militares de la Procuraduría describen un escenario crítico. Se estima una escasez de más de 490 mil millones de pesos para cubrir gastos prioritarios. Entre estos se incluyen servicios públicos esenciales, mantenimiento de equipos y vehículos, dotaciones básicas para los uniformados y, crucialmente, las vitales horas de vuelo necesarias para las operaciones estratégicas.
El informe detalla que el déficit total que afronta el Ministerio de Defensa supera el billón de pesos. Esta abrumadora cifra se desglosa en 847 mil millones de pesos que corresponden directamente a las Fuerzas Militares y 221 mil millones de pesos que afectan a la Policía Nacional. Esta escasez de recursos ya está teniendo consecuencias tangibles en la operatividad diaria de las instituciones encargadas de la seguridad y la defensa del país, generando una preocupación creciente sobre su capacidad para cumplir sus misiones.
Déficit Impide Cubrir Gastos Esenciales y Operaciones Clave
La Procuraduría ha sido enfática al explicar que entre los gastos más críticos y en riesgo de no ser cubiertos se encuentran el pago de servicios públicos de sus instalaciones, el indispensable mantenimiento de una vasta flota de equipos y vehículos –desde carros patrulla hasta aeronaves de combate–, y las horas de vuelo que son fundamentales para misiones de reconocimiento, transporte y control territorial. Adicionalmente, la provisión de dotaciones básicas para los miles de uniformados y la capacidad de atender situaciones coyunturales inesperadas que surgen en el país están gravemente comprometidas.
La situación se agrava por un incumplimiento en los compromisos previamente establecidos. En una mesa de trabajo celebrada el 26 de junio, el Ministerio de Hacienda había prometido liberar cerca de un billón de pesos para ayudar a solventar una parte significativa de este déficit presupuestal. Sin embargo, hasta la fecha, solo se han girado 346 mil millones de pesos. Este retraso en los desembolsos es un factor clave que intensifica la urgencia de la situación.
El ente de control enfatizó que "aún faltan por girar más de 490 mil millones", una suma que califican de "urgente" para evitar lo que podría ser un colapso del sistema operativo del sector defensa. La advertencia de la Procuraduría no se limita únicamente a la falta de ejecución presupuestal de los fondos prometidos, sino que también resalta un problema estructural más profundo: incluso si el monto total prometido por Hacienda (cerca de un billón de pesos) se desbloqueara completamente, no sería suficiente para cubrir todas las necesidades apremiantes del sector.
El documento es claro al indicar que "ni siquiera con la totalidad del presupuesto congelado alcanzaría para atender todas las necesidades del sector". Esta situación, catalogada de suma gravedad por el órgano de control, levanta serias dudas sobre la capacidad del Estado para mantener a sus cuerpos de seguridad activos, plenamente funcionales y equipados para responder a los desafíos que enfrenta el país.
Gastos Imprevistos Agravan la Crisis del Ministerio de Defensa
Para complicar aún más el panorama, la Procuraduría señala que la situación financiera se ha visto empeorada por eventos no previstos que se han presentado en el transcurso de 2025. Estos gastos adicionales, que no estaban contemplados en el diseño inicial del presupuesto nacional, han ejercido una presión extra sobre unas finanzas ya de por sí mermadas.
Entre estos sobrecostos inesperados, funcionarios han mencionado específicamente los vuelos de repatriación desde Estados Unidos. Este rubro, que de ninguna manera fue incluido en el presupuesto aprobado para el año en curso, ya ha generado un gasto que supera los 40 mil millones de pesos. La falta de una proyección adecuada para este tipo de gastos extraordinarios, sumada a la ya mencionada demora en los giros comprometidos por el Ministerio de Hacienda, coloca a las Fuerzas Militares y a la Policía en una posición extremadamente crítica.
Las posibles consecuencias de esta crisis financiera son alarmantes y de gran alcance. Podrían ir desde la suspensión de operaciones estratégicas y de inteligencia vitales para la seguridad nacional, hasta la afectación directa de las condiciones mínimas de funcionamiento en instalaciones clave a lo largo y ancho del país. Esto impactaría no solo la moral de la tropa, sino también la capacidad de respuesta ante amenazas internas y externas.
El enérgico llamado de la Procuraduría es un claro mensaje al Gobierno Nacional para que tome decisiones urgentes y efectivas que impidan que la situación escale a niveles que puedan comprometer irreversiblemente la seguridad y la defensa nacional. Por el momento, las instituciones afectadas se ven obligadas a mantener sus operaciones bajo serias restricciones presupuestales, en una tensa expectativa de que los recursos faltantes sean girados en el corto plazo, antes de que el impacto sea irreparable. La estabilidad y el futuro de la seguridad del país penden de un hilo financiero.
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