En un desarrollo que añade una capa de complejidad a la ya tensa coyuntura política, el Consejo de Estado ha solicitado formalmente a la Fundación Santa Fe de Bogotá un certificado médico que acredite el estado de salud del senador del Centro Democrático y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. Esta inusual petición se produce en el marco de dos demandas de pérdida de investidura presentadas contra el congresista, justo cuando se recupera de un atentado que lo mantuvo al borde de la muerte.
El senador Uribe Turbay, figura prominente de la oposición y con aspiraciones presidenciales, se encuentra actualmente en proceso de recuperación tras el violento atentado sufrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá, donde resultó herido con dos disparos en la cabeza y uno en la pierna. Mientras su estado de salud ha sido motivo de preocupación nacional, en los despachos del Consejo de Estado avanzan sendas demandas que buscan despojarlo de su curul en el Senado.
Una de las demandas fue interpuesta por el líder sindical Carlos Alberto Sánchez Grass, quien, al menos nominalmente, actuaría en representación de los intereses de la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa (Sinergen). Sin embargo, tras la divulgación de estas acciones legales, tanto la UTC como Sinergen se desmarcaron públicamente de Sánchez Grass, asegurando que él no representa sus intereses y, por el contrario, manifestaron su apoyo al senador Uribe. Esta desautorización añade un elemento de controversia al proceso judicial.
Las demandas que pesan sobre Miguel Uribe argumentan que el senador se habría valido de su posición legislativa para adelantar una campaña presidencial, un hecho que, según los demandantes, lo inhabilitaría para seguir ocupando su cargo. Sorprendentemente, los argumentos de los demandantes incluso hicieron referencia al mismo evento trágico en el que el senador fue atacado y herido.
Frente a este escenario, el presidente de la Sección Quinta del Consejo de Estado y ponente del caso, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, emitió un auto pidiendo a la Fundación Santa Fe, centro médico donde el político recibe atención, que envíe al alto tribunal un certificado detallado sobre la salud de Miguel Uribe Turbay. Este documento es considerado clave para anexarlo a los expedientes de las demandas.
Fuentes del Consejo de Estado consultadas por este diario explicaron que esta medida es crucial y obedece a un principio fundamental del derecho: los procesos de pérdida de investidura contra el senador del Centro Democrático quedarán congelados hasta que él se encuentre en plenas condiciones de ejercer su legítima defensa. Se busca garantizar el debido proceso y la posibilidad de Uribe de responder a las acusaciones de manera adecuada. La Fundación Santa Fe tiene hasta este miércoles 23 de julio para remitir los documentos solicitados al alto tribunal, un plazo que marca la pauta para la continuación de este mediático caso político-judicial. Este desarrollo subraya la intersección entre la esfera legal, la política y, lamentablemente, la salud personal en la vida pública colombiana.
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